El 24 de mayo se aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con el objetivo de velar por los derechos de todos sus ciudadanos en el ciberespacio.
Esta preocupación por la seguridad ciudadana en el ciberespacio no es menor. Fenómenos como el comercio digital, la telefonía móvil y las redes sociales se vincularon entre sí, convirtiéndose en omnipresentes en nuestras vidas con muchos de sus aspectos fuera de control.
Los ciberataques son reales y son la preocupación de todas las grandes naciones. Pero junto con fenómenos de gran magnitud como el ataque a centrales de electricidad o nucleares que pueden traer el colapso de nuestras sociedades, se encuentran los pequeños hechos mucho más comunes y que afectan nuestro día a día.
El filtrado de información personal de nuestras cuentas desde nuestras computadoras o de las bases de datos de empresas prestadoras de servicios, el robo de identidades y duplicación de información bancaria, el uso sin consentimiento de información asociada a nuestros usos y costumbres en Internet son vulneraciones tan cotidianas como constantes.
Estos aspectos del ámbito cibernético no han quedado sin su cuota de incertidumbre sobre la aplicación de medidas de control por parte de los estados, cuyos organismos se han visto excedidos por lo vertiginoso de estos cambios.
Cabe recordar que recién en 2007 se presentó por primera vez el iPhone que, a diferencia de los BlackBerry, catapultó a los smartphones en el mundo como un elemento personal más de acompañamiento constante, como las llaves o la billetera. Esto hizo posible el uso de metadatos, es decir los datos que describen la información enviada sin revelar el contenido de los mensajes, tales como la ubicación del dispositivo al momento de enviar un email y que son el fundamento mismo de aplicaciones como el Waze, por ejemplo.
En el mundo existen distintos desafíos para comprender el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestras sociedades y cómo brindar un entorno seguro y responsable para su uso.
Los desafíos han llegado hasta el punto de plantearse cuál es la naturaleza misma de ciberespacio, si es un espacio distinto a los demás o si es solo un ámbito que atraviesa los distintos espacios.
Esta diferenciación en conceptos abstractos tiene relevancia al momento de dirimir jurisdicciones en cuestiones de investigación y litigios. La duda fundamental es si el ciberespacio debiera tener un conjunto de normas que lo rijan que le sean propias ya que se basa en el flujo de información que atraviesa todas las barreras y se caracteriza por la inmediatez; o por el contrario deberíamos someter las controversias a los canales institucionales normales teniendo en cuenta que los servidores, redes, ordenadores y usuarios, tienen ubicaciones físicas determinadas, cada una con una legislación aplicable.
Al mismo tiempo otro gran interrogante es quién es el dueño del ciberespacio. Puede ser extraño plantearlo de esa forma, ya que parecería ser un caso similar al de los mares internacionales donde es un espacio de uso común y de control compartido, pero algo distintivo del ciberespacio es que es enteramente una creación del hombre, por lo tanto, todos los elementos que posibilitan al ciberespacio tienen un dueño y más del 70% del mismo está en manos privadas, planteando serios desafíos sobre la capacidad de control de organismos públicos.
Por supuesto que sobre este espacio existen intereses de toda índole y por sobre todo intereses económicos. La economía de la atención, aquel mercado basado en la capacidad de las redes sociales o aplicaciones de atraer y mantener nuestra atención sobre ellas para poder vender espacios publicitarios es una industria de US$ 7 trillones anuales, un aspecto muy lucrativo y atrayente para prácticas tanto legales como ilegales.
Todos estos elementos nos obligan a pensar cuáles son las reglas por las que se rige el poder en el ciberespacio y por sobre todo quien las diseña y controla.
Es en este panorama de incertidumbres donde se inserta Argentina, sujeto a un uso cada vez más agresivo del ciberespacio como medio de poder entre naciones, con empresas que dominan este espacio que no poseen asiento en el país ni son sujetos a sus legislaciones y con una población e infraestructura cada vez más dependiente de estas tecnologías.
A su vez, ciertas particularidades en Argentina muestran sus propias dificultades que no son menores al momento de tener que garantizar la seguridad de las personas en el ciberespacio.
Un aspecto fundamental es la educación y concientización, de las realidades del ciberespacio, ya que sin educación cada una de las personas se somete a riesgos innecesarios por mera ignorancia. Desde el hecho que internet se transmite por cables submarinos, al factor de que por ahorrar dinero la mayoría de los usuarios utiliza antivirus pirateados anulando la seguridad que puedan brindar ya que nadie sabe a ciencia cierta qué alteraciones se le hicieron al programa al piratearlo.
Otro aspecto es el de la coordinación entre organismos, ya que la vulnerabilidad de uno es un riesgo para todos los demás organismos asociados. En un contexto de federalismo la coordinación es fundamental tanto como complicada, con capacidades económicas y técnicas diferenciadas en cada provincia, donde la preocupación por la ciberseguridad puede no ser una prioridad en las distintas agendas de gobierno.
Entre los aspectos a coordinar dos sobresalen, como la legislación, junto con la detección y respuesta de las actividades ilegales. La legislación siempre será muy rígida para los desarrollos vertiginosos en esta área, demandando un marco regulatorio dinámico y de readaptación permanente. Por otra parte, ante actividades ilegales en el ciberespacio, quien deberá responder y bajo qué condiciones es un entuerto normativo en un entorno donde el anonimato de los atacantes es la regla.
Estos dos aspectos requieren de un alto grado de conocimiento y especialización, que aún se encuentran en desarrollo dentro del ámbito público.
Asociado a la coordinación entre jurisdicciones está el diálogo público-privado, fundamental teniendo en cuenta que la mayoría de los elementos del ciberespacio están en manos privadas. Qué espacios de diálogo y posibilidades de acuerdo tienen el Estado Nacional con gigantes como Google, Microsoft, o Apple que dominan el desarrollo de gran parte del software y hardware que usamos cada uno de nosotros.
Finalmente, lo que la duda fundamental es que grado de soberanía puede realmente ejercer Argentina en el ciberespacio y como de esa forma puede garantizar la seguridad ciudadana en el mismo. Un entorno tan cambiante, con tantos factores de poder dominados por otros actores de diversa naturaleza es el mayor desafío de esta nueva era.
Por Claudio Robelo Guzmán Profesor en la UCA, Maestrando en Defensa Nacional e investigador de Ciberdefensa y Ciberseguridad
Fuente: El Economista
https://www.eleconomista.com.ar/2019-06-desafios-de-la-ciberseguridad/